Adpra reclama la suspensión de aumentos de las tarifas de servicios públicos

El plenario de defensores del Pueblo de la República Argentina pidió hoy la suspensión de los incrementos establecidos para las tarifas de servicios públicos. El presidente de Adpra (Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina), Alejandro Amor, argumentó que dichos aumentos no respetan los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que hace a los principios de “proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad”. Se trata de una decisión que aprobó en Neuquén el pleno de defensores, luego de informes de diferentes localidades y provincias.
Amor explicó que los incrementos tarifarios deben ser una vez por año, al igual que las paritarias, “pero anteriores a las paritarias”, así los acuerdos salariales tienen medido el costo que va a impactar en el bolsillo del trabajador.
A la vez, se aprobó reclamar al ministerio de Energía nacional y al Congreso, una definición o un valor testigo del GNC, situación que hasta el día de hoy no existe. Esto obedece a las diferencias en el precio entre distintas provincias, según un documento presentado por el defensor del Pueblo de Salta.
Los defensores pidieron que se declare a la garrafa como un servicio público esencial, no regulado por el mercado como ocurre en la actualidad, en la que las personas más vulnerables pagan mucho más que aquellos que están incorporado en la red nacional de gas.
Sobre los electrodependientes, que comprende a personas que se encuentran afectadas por situaciones de salud o provincias que dependen de un servicio, el titular de Adpra solicitó una consideración particular de los ministerios de Energía y Desarrollo Social.
El plenario también rechazó el sistema de medidores prepagos y la quita de los mismos por falta de pago cuando las familias no pueden hacerse cargo del costo del servicio.
Para la tarifa social los defensores reclamaron el incremento hasta 800 kw/h por mes, que en la actualidad es de 300 y resulta insuficiente, acotaron.
En el debate surgió la necesidad de “exigir la absoluta transparencia de los datos de las empresas prestadoras de servicios públicos para la definición de los costos de las tarifas”. Amor agregó que sin esos datos, no sabemos qué tipo de valor se está asignando, porque son desconocidos o tergiversados. “Venimos de empresas prebendarias y monopólicas que se han beneficiado desde los procesos de privatización hasta la fecha y los controles de los entes reguladores han sido ineficientes”, señaló el defensor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Añadió que los defensores reclaman “una transparencia total de los costos de las empresas para conocer las tarifas que se van a fijar”.